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No es tiempo de patos cojos
diario.com.mx
Abril 23, 2012
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El presidente Felipe Calderón llega al ocaso de su sexenio no sólo perdiendo autoridad conforme avanza la cuenta regresiva para entregar la estafeta en diciembre al ganador de las elecciones del 1 de julio, sino reconociendo además que durante toda su administración debió compartir el poder con los cárteles de la droga que funcionaron como un Estado paralelo.

Así lo dijo el mandatario a media semana, cuando explicó el comportamiento del crimen organizado en una mesa del Foro Económico Mundial para América Latina realizado en Puerto Vallarta, Jalisco.

Calderón señaló que los grupos de narcotraficantes se conforman como un Estado paralelo, al suplir funciones de Gobierno y, además, con un comportamiento monopólico, pues en lugar de vencer a su competencia con precio y calidad se matan entre sí, lo que origina el caos.

El presidente ha comenzado a decir adiós a un poder que, finalmente acepta, no fue un ejercicio –en muchos territorios– exclusivo de Gobierno, ya que los cárteles asumieron potestades que se suponían reservadas al Estado, como lo son las tributaciones fiscales que bien pueden equipararse al cobro de cuotas o derecho de piso.

“Los señores (de los cárteles) llegan a un lugar y disputan el monopolio de la fuerza del Estado, ellos ponen su fuerza, llegan a un lugar y cobran sus cuotas que son como impuestos que el Estado recauda”, expresó Calderón ante invitados de todo el mundo.

Lamentablemente tuvo que ser en su fase de Lame Duck (pato cojo o herido) como identifican los estadounidenses a los políticos que aún en su cargo ya no tienen poder o lo tienen muy disminuido, cuando el presidente reconoció el alcance de las mafias que en lugares como Ciudad Juárez rebasaron la capacidad de la fuerza de un Estado que no pudo salvaguardar la garantía más básica del ciudadano: la de su integridad y seguridad en vidas y patrimonios.

En el clímax de la barbarie criminal de 2010, cuando El Diario sufrió el asesinato del fotógrafo Luis Carlos Santiago que se sumó al homicidio del reportero Armando Rodríguez Carreón, ocurrido dos años antes, el periódico sacudió a la opinión pública nacional y mundial con un editorial en el que se identificó a los grupos que se disputan la plaza como las autoridades de facto. En un grito desesperado para evitar más muertes de periodistas se les pidió a los grupos en pugna informar qué querían que aquí se publicara o se dejara de publicar.

“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

“Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos”, señaló El Diario en su editorial del 19 de septiembre de 2010 bajo el título “¿Qué quieren de nosotros?”

“Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello” estableció el posicionamiento de esta casa editora que generó muestras de solidaridad entre medios y organizaciones de periodistas de todo el mundo.

Sin embargo, la postura que El Diario asumió en medio de la vorágine de criminalidad que ese año alcanzó la cifra atroz de 3 mil 115 homicidios (diez veces más que los registrados en 2007, antes de que el pleito entre cárteles se conjuntara con la declaración de guerra contra el narcotráfico de parte del presidente Calderón) fue entonces severamente cuestionada por la estructura gubernamental, especialmente por los funcionarios federales.

Quien fuera vocero del gabinete de seguridad y hoy funge como secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, no sólo se apresuró a declarar (sin tener elementos) que el crimen del fotógrafo Luis Carlos Santiago obedecía a un móvil personal y no profesional, sino que fustigó a El Diario por dirigirse a los grupos de narcotraficantes.

El funcionario aseguró que “la única autoridad que debe reconocerse, es la legítimamente constituida por emanar de la ley y los procesos electorales y es la que tiene la responsabilidad primigenia de combatir al crimen y salvaguardar la seguridad de la población”.

Un año siete meses después, todavía impune el crimen de Santiago, igual que el de Armando Rodríguez “El Choco”, las declaraciones del presidente Calderón en Puerto Vallarta, no hacen sino concederle la razón a El Diario sobre la fuerza de los poderes fácticos y la incapacidad del Gobierno instituido legalmente para cumplir con el viejo pacto social (en el que los ciudadanos ceden parte de sus libertades a cambio de seguridad).

Infortunadamente, más allá de posicionamientos o declaraciones, otros hechos recientes confirman lo distante que aún se encuentra el Estado –con sus diferentes instituciones en los tres poderes y las corporaciones policiales de los tres niveles de Gobierno– de garantizar la paz que anhelan los mexicanos en general y muy en especial los chihuahuenses y juarenses tan atenazados por el miedo, el luto y el dolor que trajo la violencia vinculada con el narcotráfico.

Apenas ayer, la sociedad chihuahuense amaneció con la estrujante noticia de otro crimen múltiple en un bar de la capital del estado, que además de ilustrar la forma en que se han roto todos los códigos y valores por parte de los emergentes grupos de sicarios, muestra que los criminales se sienten por encima de un poder oficial al que retan con su ostentoso despliegue de fuerza oprobiosa y letal.

Quince personas murieron en el ataque que abulta el número de masacres en bares, centros de rehabilitación de adictos o domicilios particulares que son emblemáticos de la manera en que escaló la violencia entre los cárteles que pelean la plaza sin importarles si truncan vidas inocentes, o despliegan premeditadas acciones que tratan de infundir terror y paralizar a sociedad y Gobierno.

Ciudad Juárez vivió en varias ocasiones el luto colectivo por ese tipo de sucesos y fue a partir del caso de Villas de Salvárcar (donde murieron 16 jóvenes, la mayoría estudiantes de preparatoria) que el Gobierno federal se vio forzado a instrumentar un programa de intervención (“Todos Somos Juárez”) que más de dos años después no ha alcanzado a cumplir todos sus objetivos, principalmente en cuanto al abatimiento del déficit de infraestructura social y activación de la economía con pleno empleo.

Las masacres que primero se conocieron aquí se extendieron por todo el país y aceleraron la acumulación de más de 50 mil muertos en el sexenio (poco más de una quinta parte de ellos registrados en esta ciudad), develando cada vez más territorios en los que el Estado fue claramente opacado por los poderes fácticos que siempre intentó minimizar la administración calderonista.

Ahora que el presidente se asoma a la puerta de salida se antoja tardío el reconocimiento del tamaño del poder del crimen organizado. Sin embargo, lo más grave es que si el diagnóstico no fue el adecuado, obviamente que las acciones y las estrategias implementadas para combatir esa amenaza a la seguridad quedaron cortas o no correspondieron al reto que se tenía enfrente.

Si bien poco se puede esperar de un gobierno en su etapa terminal –menos cuando la dinámica electoral secuestra la agenda pública y concentra los afanes de los diferentes actores políticos– tampoco es momento de brazos caídos y claudicaciones públicas.

A estas alturas del partido, ya poco valen asentimientos sobre realidades que para muchos fueron tormentosa cotidianidad y reflejo de un Estado fallido.

Mejor haría el mandatario en no bajar la guardia y reforzar posiciones –junto con los gobiernos locales– para evitar que episodios como el ocurrido la noche del viernes en Chihuahua se multipliquen por todo el país y la tragedia se combine en explosiva fórmula con los crispados ánimos que generan las campañas políticas.

Los mexicanos y en especial los juarenses prefieren que su presidente cierre gestión al frente de un Estado fuerte y en lucha, no débil y derrotado.

Nadie desea que su carroza, como bromeó el propio Calderón en la antesala de su último informe de obra pública, se le convierta antes de tiempo en inofensiva calabaza.

+ Wexico http://noticias.wexico.com/editorial/23abr2012/no-es-tiempo-de-patos-cojos.htm

Ni negaciones o simulaciones, tampoco cuentos de hadas o alegorías sobre patos cojos. No hay lugar para salidas falsas cuando las mafias nos recuerdan a cada momento que están ahí para ocupar con su poder cualquier espacio vacío.

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